ENTRE LÍNEAS
En La noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska confronta una de las operaciones más perversas del poder: la posibilidad de imponer un relato sobre la violencia que él mismo ejerce. Al reunir testimonios de estudiantes, familiares y sobrevivientes, junto con fragmentos de prensa y otras voces de la época, la autora disputa una versión de los acontecimientos en la que la palabra de las autoridades amenazaba con ocupar el lugar de la experiencia de quienes padecieron la represión. Recuperar ese trabajo hoy no puede reducirse a un ejercicio de conmemoración; implica preguntarnos cómo se construye la mirada pública sobre quienes protestan y de qué manera el discurso del orden puede desplazar las causas de la inconformidad para concentrarse en sus manifestaciones y el perfeccionamiento progresivo por parte del Estado para reprimir a las mismas.
Entre la memoria de las luchas sociales y la administración política del descontento, los barrotes de la Ciudad de México revelan una contradicción: un gobierno que se reivindica heredero de las resistencias populares, pero que parece sumarse al perfeccionamiento progresivo a través de los años para reprimir.
Hay muros que se construyen para proteger y otros que se levantan para recordar quién tiene el poder de cerrar el paso. En la Ciudad de México, los barrotes metálicos que rodean monumentos, edificios gubernamentales y espacios públicos durante las jornadas de protesta se han convertido en parte de un paisaje político inquietantemente previsible. Su aparición anuncia que una fecha incómoda para el poder se aproxima. Su permanencia, que las demandas que la motivan no han desaparecido.
Cada septiembre y octubre, la ciudad parece conocer de antemano el guion. El 26 de septiembre, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa vuelven a las calles para exigir verdad y justicia. Seis días después, el 2 de octubre, la memoria de la masacre de Tlatelolco convoca nuevamente a quienes se niegan a aceptar el olvido de uno de los episodios más violentos de la historia política contemporánea de México. Entre ambas fechas, las barreras se instalan, los accesos se restringen y los dispositivos de seguridad ocupan el espacio público. La protesta tiene un calendario; la contención gubernamental parece tenerlo también.
Lo verdaderamente inquietante no es que las autoridades conozcan las fechas de las movilizaciones. Es que, mientras las demandas que las originan permanecen abiertas, los mecanismos para administrar su presencia pública parecen perfeccionarse. El gobierno aprende a anticipar la protesta, pero ¿aprende también a responder a sus exigencias? ¿Qué clase de aprendizaje institucional se consolida cuando la preparación para contener una manifestación parece más previsible que la resolución de las injusticias que la motivan?
La ciudad se convierte, entonces, en el escenario de una paradoja: el Estado reconoce las fechas, identifica las rutas y organiza los operativos, pero corre el riesgo de tratar las exigencias de justicia como contingencias periódicas que deben gestionarse, no como problemas políticos que deben resolverse.
La filósofa Judith Butler, en Cuerpos aliados y lucha política, plantea que “cuando los cuerpos se congregan en la calle, en una plaza o en otros espacios públicos […] están ejercitando un derecho plural y performativo a la aparición” (2017, p. 18). Esta reflexión permite cuestionar la instalación recurrente de barreras en la Ciudad de México: cuando el espacio público se convierte en un territorio delimitado por dispositivos de contención, no solamente se protege la materialidad de los monumentos, sino que también se pone en tensión el derecho de la ciudadanía a aparecer, hacerse escuchar y exigir justicia. La contradicción es particularmente significativa cuando proviene de gobiernos que se reivindican herederos de las luchas populares.
Si Elena Poniatowska reunió en La noche de Tlatelolco las voces que la violencia intentó silenciar y que el relato oficial no alcanzaba a explicar, volver a su obra más de medio siglo después nos obliga a preguntarnos cuánto ha cambiado realmente la relación entre el poder y la protesta. La represión no pertenece únicamente a las imágenes del 2 de octubre de 1968 ni puede reducirse a la violencia explícita de aquella tarde; también es necesario examinar las formas en que se transforma, perfecciona y encuentra nuevos mecanismos para contener la inconformidad.
Hoy, las vallas metálicas que cercan monumentos y edificios en la Ciudad de México parecen hablar un lenguaje “distinto” (más discreto) al de las armas, pero nos enfrentan a una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la contención se vuelve parte del paisaje y el control del espacio público comienza a presentarse como una medida rutinaria de seguridad? Recuperar los testimonios del 68 y volver a las fuentes hemerográficas no solo significa afirmar que el presente sea una repetición exacta de aquel pasado, sino también reconocer que la violencia política debe leerse en sus mutaciones: en las narrativas que deslegitiman a quienes se manifiestan, en las barreras que anticipan su llegada y en los dispositivos que buscan mantener la protesta bajo control.
Quizá una de las mayores advertencias que nos deja aquella memoria rescatada en la literatura, el testimonio oral y la hemerografía es que la represión no necesita conservar el mismo rostro para persistir; puede cambiar sus instrumentos, volverse menos evidente a primera vista y coexistir con discursos que reivindican la democracia, mientras la inconformidad continúa siendo tratada como un problema que debe administrarse antes que como una expresión política que merece ser escuchada.
La memoria detrás de los barrotes
El 26 de septiembre no es una fecha que pueda reducirse a una conmemoración. La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa constituye una herida abierta en la historia reciente de México, sostenida por la exigencia de verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos. Cada aniversario recuerda que el paso del tiempo no sustituye la rendición de cuentas y que una tragedia no se convierte en pasado únicamente porque se repita en el calendario.
El 2 de octubre, por su parte, remite a la represión del movimiento estudiantil de 1968 y a la responsabilidad histórica del Estado frente a la violencia ejercida contra quienes cuestionan el orden político. Ambas fechas poseen contextos y particularidades que no deben confundirse, pero comparten una dimensión fundamental: la memoria se convierte en una herramienta de exigencia política cuando las injusticias que recuerda continúan interpelando al presente.
¿Qué sucede, entonces, cuando las jornadas destinadas a mantener viva esa memoria quedan envueltas en una rutina de restricciones, vigilancia y dispositivos de contención? ¿Qué ocurre cuando la atención pública se desplaza de las demandas de las familias, los colectivos y los movimientos sociales hacia las barreras instaladas para proteger los inmuebles?
El riesgo es que la efeméride termine sustituyendo a la memoria activa. Que el acontecimiento sea reconocido, pero su exigencia política desplazada; que se recuerde a las víctimas, pero se normalice la insuficiencia de las respuestas institucionales; que las fechas permanezcan inscritas en el calendario mientras las demandas que las dotan de significado siguen esperando.
No se trata de afirmar que toda conmemoración conduce al olvido. Los movimientos sociales han demostrado que las fechas pueden preservar testimonios, transmitir experiencias y sostener la organización colectiva. El problema aparece cuando las instituciones convierten esa recurrencia en una operación administrativa: cada año se anticipa la marcha, se calcula el despliegue de seguridad y se preparan las barreras, sin que esa misma capacidad de previsión se traduzca necesariamente en avances equivalentes en materia de justicia.
La memoria no se pierde solamente cuando alguien deja de recordar. También puede debilitarse cuando se conserva la fecha, pero se vacía de urgencia la demanda que la sostiene.
Una ciudad que se prepara para la protesta
La proximidad entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre vuelve especialmente visible esta lógica. Las barreras colocadas para proteger monumentos e inmuebles gubernamentales pueden permanecer durante ambas jornadas, convirtiendo la restricción del espacio público en una presencia prolongada. De esta manera, la contención no se limita al momento de una manifestación: se anticipa, se instala y se mantiene dentro de un periodo reconocible.
La pregunta es inevitable: ¿qué significa que el gobierno pueda prever con tanta precisión la llegada de la protesta, pero que las causas de esa protesta continúen sin una respuesta satisfactoria?
Los barrotes materializan una forma de aprendizaje institucional. Las autoridades pueden incorporar experiencias de operativos anteriores, modificar protocolos, reorganizar despliegues y anticipar escenarios que consideran conflictivos. Los elementos que aparecen en una movilización pueden convertirse en referencias para las siguientes. Sin embargo, este aprendizaje no es políticamente neutral: importa distinguir entre perfeccionar los mecanismos para garantizar la seguridad de las personas y perfeccionar los mecanismos para restringir, vigilar o contener la expresión del descontento.
La cuestión no es negar que las autoridades tengan responsabilidades de prevención y protección del patrimonio. Los monumentos pertenecen a la memoria colectiva y su conservación importa. El problema comienza cuando la protección de los inmuebles adquiere una contundencia material que contrasta con la insuficiencia de las respuestas frente a las demandas sociales.
Una administración pública puede organizar un operativo con anticipación, delimitar perímetros y prever riesgos. Pero la eficacia logística no equivale a la eficacia democrática. Saber cuándo colocar una barrera no significa comprender por qué una sociedad vuelve a movilizarse.
Y quizá ahí reside la contradicción más profunda: la protesta se vuelve previsible para el gobierno, pero las injusticias que la producen continúan siendo tratadas como si fueran excepcionales, ajenas o postergables.
La economía política de los barrotes
Existe, además, una dimensión económica que merece atención. La instalación recurrente de barreras supone recursos destinados a su traslado, colocación, vigilancia, mantenimiento y retiro. Al mismo tiempo, la protección de monumentos e inmuebles podría reducir determinados gastos posteriores de limpieza y restauración cuando efectivamente evita daños. Esta posibilidad abre una pregunta incómoda sobre la administración de los recursos públicos: ¿qué costos se consideran prioritarios y qué formas de gestión del conflicto resultan más convenientes para las instituciones?
No sería riguroso afirmar, sin información presupuestaria, que el propósito de las autoridades es ahorrar dinero o reducir deliberadamente los costos de restauración. Para sostener esa hipótesis sería necesario comparar los gastos de los dispositivos de seguridad con los costos de limpieza, reparación y personal, además de examinar los criterios mediante los cuales se toman esas decisiones. Pero sí resulta pertinente investigar si la normalización de las barreras responde también a una lógica de prevención de daños materiales y reducción de gastos posteriores.
La cuestión no es enfrentar la conservación del patrimonio con el derecho a la protesta. Ambos deben garantizarse. La cuestión es preguntar cuánto cuesta proteger los edificios, cuánto cuesta mantener los dispositivos de contención y qué recursos se destinan a atender las demandas que movilizan a la ciudadanía.
Porque la administración del descontento también tiene un costo público. Y ese costo no puede medirse exclusivamente en estructuras metálicas, horas de vigilancia o jornadas de limpieza. Debe examinarse también en función de las consecuencias de postergar la justicia, prolongar la incertidumbre de las víctimas y permitir que los problemas sociales se reproduzcan de una conmemoración a otra.
Los barrotes pueden proteger una fachada. No pueden reparar la confianza pública deteriorada por la falta de respuestas.
Los hijos de las luchas populares frente a sus propias barricadas
La contradicción adquiere una dimensión particular cuando se trata de gobiernos que se reivindican herederos de las luchas populares y de la tradición histórica de la izquierda mexicana. Presentarse como continuadores de las resistencias sociales supone una responsabilidad política que no se satisface con recuperar sus símbolos, incorporar sus fechas al discurso oficial o invocar a sus protagonistas.
La legitimidad de un gobierno no se demuestra únicamente mediante su genealogía política. Se demuestra en la manera en que ejerce el poder frente a quienes discrepan de él, en las garantías que ofrece a quienes se movilizan y en su disposición a investigar los abusos cometidos por agentes del Estado.
Por ello, resulta legítimo cuestionar a los gobiernos que proclaman su cercanía con los movimientos sociales mientras recurren a dispositivos de contención que pueden restringir el ejercicio del derecho a la protesta. La crítica no exige establecer equivalencias automáticas entre las prácticas actuales y la represión de 1968. Exige reconocer que la memoria de aquella violencia debería funcionar como una advertencia para el presente.
Las movilizaciones de septiembre y octubre de 2026 volvieron a colocar en la discusión pública las denuncias sobre agresiones, enfrentamientos y actuaciones policiales. La presencia de imágenes de violencia física, confrontaciones verbales y posibles abusos obliga a exigir investigaciones independientes, documentación rigurosa y rendición de cuentas. También requiere distinguir entre los hechos acreditados, las denuncias pendientes de investigación y las responsabilidades individuales de quienes participan en una movilización.
Del mismo modo, cualquier señalamiento sobre la participación de infiltrados vinculados con la oposición debe sustentarse en pruebas. Atribuir de manera general la violencia a actores políticos sin identificar responsabilidades verificables puede desviar la atención de los hechos y debilitar la propia crítica.
Nada de ello elimina la pregunta central: ¿qué ocurre cuando las respuestas institucionales al descontento se concentran en la contención física, mientras las demandas de justicia permanecen abiertas?
Un gobierno que se identifica con las luchas populares debería ser especialmente sensible a esa contradicción. No porque deba justificar cualquier conducta durante una manifestación, sino porque la historia de los movimientos sociales mexicanos está atravesada por experiencias de criminalización, vigilancia y represión. Esa memoria debería traducirse en garantías efectivas para el ejercicio de los derechos, protocolos transparentes para el uso de la fuerza y mecanismos eficaces para investigar posibles abusos.
De lo contrario, la herencia de las luchas populares corre el riesgo de convertirse en un recurso discursivo: se honra a quienes desafiaron al poder en el pasado mientras se administra, con creciente previsión, la incomodidad que provoca la protesta en el presente.
El calendario del poder
La repetición no siempre significa inmovilidad. Las instituciones aprenden, incorporan experiencias y modifican sus procedimientos. El problema es la dirección que toma ese aprendizaje.
Si cada manifestación deja nuevas lecciones operativas que reaparecen en las jornadas subsecuentes, es necesario preguntarse si esa experiencia también se traduce en mejores condiciones para el diálogo, en mecanismos preventivos contra los abusos y en respuestas más eficaces a las exigencias sociales. ¿Se perfeccionan las garantías para la ciudadanía con la misma atención con que se perfeccionan los operativos? ¿Se incorporan las demandas de los colectivos a las decisiones gubernamentales con la misma regularidad con que se incorporan nuevas medidas de seguridad?
La ciudad parece aprender un calendario. Las barreras aparecen, los accesos se restringen, las movilizaciones transcurren y, después de las fechas señaladas, los dispositivos pueden retirarse. Pero el retiro de los barrotes no significa que el conflicto haya terminado. Las familias continúan buscando a sus desaparecidos; las víctimas siguen exigiendo justicia; los movimientos sociales mantienen sus demandas y las preguntas sobre la responsabilidad del Estado permanecen abiertas.
En esa secuencia, la efeméride puede convertirse en una forma de administración de la inconformidad: una jornada que se anticipa, se contiene y se deja atrás hasta el siguiente aniversario. La protesta no desaparece, pero corre el riesgo de ser incorporada a una rutina que vuelve previsible su aparición y posterga la atención de sus causas.
No es el recuerdo lo que debe preocuparnos, sino su conversión en un ritual sin consecuencias. No son las fechas las que producen el olvido, sino la posibilidad de que las instituciones aprendan a convivir con ellas sin asumir las responsabilidades que las hacen políticamente significativas.
El muro que derrumba memorias
Quizá la imagen más inquietante de estas jornadas no sea la de una ciudad protegida por barrotes, sino la de un gobierno que parece haber aprendido a convivir con las demandas sin sentirse obligado a resolverlas. Una administración que reconoce las fechas, identifica las rutas, organiza los dispositivos y anticipa los escenarios, pero que corre el riesgo de convertir la protesta en una contingencia periódica en lugar de reconocerla como una exigencia democrática.
El 26 de septiembre y el 2 de octubre no deberían reducirse a dos momentos en los que la ciudad se prepara para recibir manifestaciones. Son fechas que interrogan al Estado, confrontan la memoria oficial con la experiencia de las víctimas y recuerdan que la justicia no puede depender de la llegada de un aniversario.
Si las autoridades pueden anticipar la protesta, también deberían anticipar las necesidades de quienes la hacen posible: garantías para manifestarse, investigaciones eficaces, atención a las víctimas y respuestas verificables a las demandas ciudadanas. La capacidad de prever una movilización tendría que ser también una oportunidad para evitar que la inconformidad se reproduzca indefinidamente.
Los barrotes no borran por sí mismos la memoria ni silencian por completo a quienes protestan. Las movilizaciones persisten precisamente porque hay familias, estudiantes, colectivos y ciudadanos que se niegan a aceptar el olvido. Sin embargo, las barreras pueden materializar la distancia entre quienes exigen justicia y las instituciones obligadas a garantizarla.
Por eso, preservar la memoria de las luchas sociales exige volver a las voces, los testimonios y los documentos que han dejado constancia de la represión. Obras testimoniales como La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, junto con las fuentes hemerográficas y los relatos orales de quienes vivieron la violencia, permiten reconstruir no solo lo ocurrido en 1968 y después, sino también las formas en que el poder justificó sus acciones, deslegitimó la protesta, trató de imponer una versión de los acontecimientos y acondicionó subsecuentemente las formas de reprimir.
Estos materiales no constituyen únicamente un registro del pasado: son herramientas para examinar críticamente un presente atravesado por demandas que siguen sin resolverse, que aún bajo las particularidades de la coyuntura actual, no son ajenas a mucho de lo que se pedía en el 68’ desde la exigencia de justicia por los crímenes contra el movimiento estudiantil, la guerra sucia, la búsqueda de las personas desaparecidas, despojo de tierras, etc.
Al final, la pregunta no es cuántos días deben permanecer las vallas después de una manifestación. La pregunta es por qué las demandas que las hacen necesarias continúan regresando año tras año. Una democracia no debería medir la eficacia de su gobierno por la precisión con la que anticipa la inconformidad, sino por su capacidad para atenderla sin normalizar los obstáculos, la violencia ni la indiferencia.
Porque cuando el Estado aprende el calendario de la protesta, pero no transforma las condiciones que la originan, la efeméride corre el riesgo de convertirse en una rutina de contención. Y entonces los barrotes dejan de ser solamente estructuras metálicas: se convierten en el símbolo de una política que sabe cuándo cerrar la ciudad, pero todavía tiene pendiente demostrar que sabe escucharla.
